Expresión sin respaldo legal
Desde la reforma del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil operada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, se introdujo en España la posibilidad de solicitar directamente el divorcio sin necesidad de pasar previamente por una separación, en otro procedimiento judicial. Esta medida, dirigida a simplificar permitiendo tramitar un procedimiento (divorcio) y no dos (separación + divorcio), fue inmediatamente apropiada por determinados sectores bajo el rótulo de «divorcio express», dando lugar a un supuesto “producto” aparentemente rápido, fácil y barato. Pero, como ocurre con frecuencia, la realidad es mucho más compleja, y lo que se presenta como sencillo y económico puede esconder numerosas trampas y consecuencias negativas.
En dicha ley 15/2005, no aparece la locución «divorcio express».
Origen de la expresión «divorcio express»
La expresión «divorcio express» no tiene ningún fundamento jurídico. Se trata de una etiqueta mediática y publicitaria utilizada para designar el divorcio directo de mutuo acuerdo introducido en la reforma de julio de 2005. Esta modificación eliminó la necesidad de alegar una causa para solicitar el divorcio y suprimió el requisito de haber pasado por una separación judicial previa. Desde entonces, basta con que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio para poder solicitar el divorcio.
Ya hubo un abaratamiento implícito al no tener que tramitar desde entonces obligatoriamente el previo procedimiento de separación judicial, de modo que desde julio de 2005 la mayoría opta por ir al divorcio directo, cuando hasta entonces había que acudir como regla general primero a un procedimiento de separación judicial, y dejando un intervalo mínimo de un año se podía tramitar el divorcio, de modo que eran dos procedimientos. Así, por ejemplo en el año 2023 hubo en España 76.685 divorcios frente a 3.380 separaciones judiciales, según el Instituto Nacional de Estadística, de tal modo que todos los cónyuges que optan por divorciarse directamente ya obtienen un ahorro considerable al hacerlo en un solo procedimiento.
Pero divorcio directo no es equivalente a «divorcio express». Reducir un proceso tan importante a una cuestión de trámite rápido es una simplificación peligrosa, debiendo valorar los ciudadanos si deben primar precios irrisorios, o la calidad y seguridad jurídica.
Los elementos clave de un divorcio: mucho más que un simple trámite
Aunque se trate de un divorcio de mutuo acuerdo, no puede reducirse a la presentación de un formulario tipo. Todo divorcio implica tomar decisiones de gran trascendencia personal, familiar, fiscal y patrimonial. Entre los muchos aspectos que deben contemplarse están:
- La custodia de los hijos menores: custodia compartida o individual, y sus implicaciones.
- El régimen de visitas: fines de semana, festivos, vacaciones, puentes, y forma de entrega y recogida, entre otros particulares.
- La patria potestad. O la autoridad familiar cuando resulta de aplicación el Código del Derecho Foral de Aragón (CDFA).
- La pensión de alimentos: cuantía, actualización. Y los gastos extraordinarios.
- La atribución del uso de la vivienda familiar.
- La disolución del régimen económico matrimonial, y en su caso, la liquidación.
- La necesidad de lograr igualdad de lotes en la liquidación de la sociedad conyugal si no se quiere tributar en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por exceso de adjudicación.
- En el caso del Derecho aragonés, la renuncia al derecho expectante de viudedad y usufructo viudal o vidual.
- Quién asumirá los gastos del procedimiento.
- Si conviene a nuestro asunto hacerlo en vía judicial o notarial, siendo obligatoria por ley la intervención de abogado en ejercicio.
Cada uno de estos elementos requiere un análisis individualizado por parte de un Abogado de Familia y un asesoramiento jurídico adaptado al caso concreto. El divorcio no es un producto de consumo más: tiene repercusiones duraderas en la vida de las personas, haya o no menores de edad.
El cliente tiene derecho a solicitar visitas presenciales con el abogado. También a solicitarle un presupuesto de sus honorarios. Y a exigirle estudio de nuestro caso, porque no hay dos iguales, y por más que creamos que lo nuestro es muy sencillo, ha de ser el profesional quien se pronuncie.
Experiencias reales: lo barato sale caro
En la práctica, hemos visto cómo esta trivialización del divorcio ha causado importantes perjuicios. No son pocos los clientes que acuden a los despachos de abogados tradicionales tras haber formalizado un divorcio a precios de saldo, para intentar resolver los errores cometidos.
Un caso significativo fue el de un cliente que contrató el servicio online para divorciarse en Aragón. El supuesto abogado nunca se entrevistó con él, ni con su excónyuge. El convenio regulador que redactó no era procedente, dado que conforme al CDFA debía haberse elaborado un pacto de relaciones familiares. La sentencia fue dictada, pero con una regulación incompleta e inaplicable. Tener que revisar y reconducir el proceso, con la consiguiente inversión económica y emocional que supone, es mucho peor camino que haberlo hecho bien desde el principio, encargando el divorcio a un abogado de los de toda la vida.
En otros casos, el truco está en posponer para más adelante la liquidación de la sociedad conyugal, dejando al cliente con la falsa sensación de que el procedimiento ha finalizado y ocultando que lo más conflictivo (y costoso) vendrá más tarde.
La decepción del cliente
Al amparo del publicitado «divorcio express», algunos justiciables se han visto sorprendidos por una atención fría y distante en unos momentos especialmente complicados, viendo claro después que los precios tan reducidos han supuesto sacrificar la calidad, la atención personalizada y el asesoramiento real. En muchos casos, ni siquiera sabe el cliente si ha intervenido un abogado especializado en Familia, y por qué no ha aplicado el derecho apropiado, dado que no en todos los casos procede el Código Civil. Así, en Aragón, la inmensa mayoría de los divorcios se rigen por el Código del Derecho Foral de Aragón. Es más, con independencia de la residencia de los cónyuges, y de cuál sea el juzgado competente, puede resultar de aplicación el Derecho navarro, o el catalán, o el gallego, o el rumano, o el ecuatoriano, etc., etc.
Si tenemos que hacer consultas específicas, como de quién es la vivienda edificada por el matrimonio sobre terreno de los padres de un cónyuge, o qué ocurre con las visitas de mis hijos con un familiar del otro cónyuge con episodios de inestabilidad emocional, por poner sólo algunos ejemplos, necesitaremos hablar personalmente con un abogado experto, que nos solicitará antecedentes, documentos, y tendrá que estudiar bien el caso.
¿Alguien puede creer que a base de rellenar formularios automáticos, van a ser abordadas todas las peculiaridades de su divorcio?
La dignidad del ejercicio profesional en la abogacía exige un trato personalizado al cliente, y más en Derecho de Familia, para que los cónyuges y sus hijos no resulten perjudicados. Un procedimiento de divorcio nunca es algo maquinal, ni tiene que ver con una cadena de montaje, sino que requiere un buen asesoramiento, calmado y adecuado, porque en definitiva es cambiar de estado civil e incluso cuando no hay descendencia ni bienes ni deudas a repartir, pueden cometerse errores que lleven después a recorrer mucho camino para corregirlos, con sus correspondientes costes y tiempo. Mejor encomendar algo así a un abogado que nos reciba en su despacho, que podamos someterle a toda clase de preguntas, sin prisas, sin horarios acotados, y con la posibilidad de encargarlo a otro si no nos convencen sus respuestas.
Conclusión: divorciarse no es una formalidad, es una decisión vital
Detrás del divorcio hay una ruptura emocional, un reordenamiento de la vida personal y familiar, y una serie de decisiones con impacto económico, fiscal y patrimonial a largo plazo. Necesita seriedad, escucha y acompañamiento profesional.
No se trata de un «trámite» que pueda resolverse con un clic. El llamado «divorcio express» puede acabar siendo un divorcio chapucero, mal resuelto y, a la larga, mucho más costoso. El asesoramiento jurídico de calidad y con dedicación de tiempo es una inversión en tranquilidad, seguridad y justicia.
Es hora de ver que en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil se regula el divorcio de mutuo acuerdo, no el denominado «divorcio express».
El divorcio de mutuo acuerdo requiere un buen asesoramiento. Si nos hacen un presupuesto muy reducido, hay que plantearse si el abogado podrá llevar a cabo lo siguiente:
- Dedicarnos dos horas para una primera visita en la que analizar todos los pormenores de nuestro divorcio.
- Si va a redactar bien finiquitada alguna cláusula para que pueda dormir con tranquilidad, sin pensar que puede venir dos años después mi ex con reclamaciones por no haber cerrado bien las estipulaciones.
- Si va a evitar que venga la inspección tributaria sancionando por alguna cláusula de liquidación de sociedad conyugal o de bienes en condominio, ya sea adquiridos de solteros o en régimen de separación de bienes, con valoraciones que ni son equivalentes ni respetan los valores de referencia.
- Si al menos radica su despacho en Aragón y conoce a fondo el Código del Derecho Foral de Aragón.
- Si vamos a poder visitar su despacho en persona.
- Si nos va a obtener un testimonio de la resolución judicial, no una resolución con firma digital.
- Si va a regular los pactos de los hijos de modo que el Ministerio Fiscal no se oponga.
En Abogados de Familia Sagasta 2 estamos a su disposición para tramitar un divorcio con estudio detallado de sus circunstancias. Y cuando se trata de una ruptura de una pareja de hecho, el esquema es extrapolable: busque la calidad del asesoramiento, la especialización en Derecho de Familia y la óptima relación calidad-precio.